Colombia ha desarrollado progresivamente un marco integral de política marítima orientado a fortalecer la gobernanza, proteger su territorio marítimo y promover el desarrollo económico y social sostenible. Como Estado con costas tanto en el mar Caribe como en el océano Pacífico, el país posee un enorme potencial marítimo que constituye uno de sus principales activos estratégicos. Sin embargo, materializar ese potencial exige la existencia de instituciones sólidas, una política pública coherente, cooperación internacional y un marco jurídico capaz de responder eficazmente a los desafíos marítimos tanto nacionales como internacionales.
Estructura Institucional
La estructura institucional de la gobernanza marítima colombiana se apoya principalmente sobre la actuación coordinada de tres entidades del Estado: la Armada Nacional, la Dirección General Marítima (DIMAR) y la Comisión Colombiana del Océano (CCO). Aunque las tres comparten el objetivo común de promover el desarrollo marítimo del país, cada una desempeña funciones específicas dentro del sistema nacional de gobernanza. La Comisión Colombiana del Océano constituye el principal órgano asesor del Gobierno Nacional en materia de política marítima.
La CCO actualizó en 2016 la Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros (PNOEC), documento que establece la visión estratégica de Colombia para el desarrollo marítimo con horizonte al año 2030. Esta política fija las directrices para impulsar un crecimiento sostenible, garantizando simultáneamente la protección de los ecosistemas marinos y costeros. La PNOEC fue elaborada a partir de un diagnóstico integral sobre las oportunidades y desafíos que enfrentan las regiones Caribe y Pacífica. Más allá de identificar problemáticas existentes, la política define estrategias de acción encaminadas a fortalecer el sector marítimo colombiano y mejorar la coordinación institucional entre las autoridades competentes.
La PNOEC establece cinco ejes estratégicos de desarrollo: la integridad y proyección del territorio marítimo; el desarrollo económico marítimo; el fortalecimiento de la gobernanza marítima; el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad marina; y el impulso de la educación y las ciencias del mar. La ejecución de estos objetivos depende, en gran medida, del trabajo complementario entre DIMAR y la Armada Nacional. Por una parte, DIMAR ejerce la autoridad administrativa y regulatoria sobre las actividades marítimas, incluyendo la seguridad de la navegación, el control del tráfico marítimo, la administración de los bienes de uso público bajo su jurisdicción, la protección del medio marino y la vigilancia del cumplimiento de la normativa marítima.
Por otra parte, la Armada Nacional aporta la capacidad operativa necesaria para garantizar la soberanía marítima mediante operaciones navales, vigilancia e investigación científica. La actuación conjunta de ambas instituciones permite que las políticas marítimas se materialicen de manera efectiva, preservando la seguridad y la autoridad del Estado en los espacios marítimos colombianos.
El CONPES 3990 como política complementaria
A pesar de la visión estratégica planteada por la PNOEC, Colombia aún no ha aprovechado plenamente las ventajas derivadas de su ubicación geográfica privilegiada entre dos océanos y de su cercanía al Canal de Panamá. Consciente de esta realidad, el Gobierno Nacional adoptó el CONPES 3990 de 2020, instrumento mediante el cual se formuló la Política para el Desarrollo Bioceánico de Colombia. Esta política busca consolidar al país como una verdadera nación bioceánica, impulsando un desarrollo marítimo integral mediante estrategias institucionales específicas y una acción coordinada de las diferentes entidades estatales.
El CONPES 3990 fortalece el concepto de gobernanza marítima al resaltar la necesidad de mejorar la coordinación institucional, incrementar la presencia naval, fortalecer la investigación científica, consolidar una cultura marítima, planificar adecuadamente el territorio costero y promover el desarrollo sostenible de las comunidades litorales. En este sentido, reconoce que el poder marítimo no depende exclusivamente de las capacidades navales, sino también de una gobernanza eficiente, una adecuada planificación estratégica y la cooperación permanente entre las instituciones públicas.
Pilares de la política marítima colombiana
El análisis conjunto de la PNOEC y del CONPES 3990 permite identificar cuatro pilares fundamentales para el desarrollo marítimo de Colombia: instituciones sólidas, cooperación internacional, una fuerza naval fortalecida y un sector científico y tecnológico altamente desarrollado. Las instituciones constituyen el fundamento de toda gobernanza marítima efectiva. Su fortalecimiento depende de la existencia de competencias claramente definidas, procedimientos administrativos transparentes, personal altamente capacitado y una adecuada coordinación tanto con entidades nacionales como con organismos internacionales.
En este contexto, la formación permanente del personal civil y militar resulta esencial, especialmente mediante el estudio del Derecho Internacional Marítimo y la participación en organizaciones internacionales. Este intercambio de experiencias permite adoptar buenas prácticas internacionales, fortalecer las capacidades institucionales y mejorar la toma de decisiones en el ámbito marítimo.
La cooperación internacional representa el segundo gran pilar en aras de fortalecer las relaciones diplomáticas, promover la armonización normativa y facilitar el intercambio de información, la investigación científica conjunta y la ejecución de operaciones coordinadas para enfrentar amenazas comunes. La combinación entre cooperación internacional y una fuerza naval eficiente resulta especialmente relevante para combatir fenómenos transnacionales como la pesca ilegal, el narcotráfico y la migración marítima irregular.
Aunque estas problemáticas no aparecen expresamente como ejes independientes dentro de la PNOEC, guardan una estrecha relación con los objetivos de gobernanza y defensa de la soberanía contemplados en el CONPES 3990. Seguir estas actividades suele involucrar complejas cuestiones de jurisdicción internacional relacionadas con el lugar donde ocurren los hechos, la nacionalidad de las embarcaciones, la legislación aplicable y la competencia de las distintas autoridades. En consecuencia, su adecuada atención requiere una estrecha cooperación entre autoridades marítimas, guardacostas, autoridades pesqueras, organismos judiciales y socios internacionales.
El ejercicio efectivo de la soberanía marítima constituye igualmente un componente esencial de la estrategia marítima nacional. Las controversias internacionales han demostrado la importancia de combinar la defensa jurídica con una presencia permanente del Estado en sus espacios marítimos. La controversia de delimitación marítima con Nicaragua constituye un claro ejemplo de cómo Colombia ha sustentado su posición en los principios del Derecho Internacional, al tiempo que mantiene una presencia naval constante en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para garantizar la estabilidad regional y proteger sus intereses nacionales.
De igual forma, los debates relacionados con el Galeón San José y la protección del patrimonio cultural sumergido evidencian la creciente interacción entre la gobernanza marítima, la protección del patrimonio cultural y el Derecho Internacional, especialmente considerando que Colombia no es Estado Parte ni de la CONVEMAR ni de la Convención de la UNESCO de 2001 sobre la Protección del Patrimonio Cultural Sumergido.
El desarrollo científico constituye el cuarto pilar del fortalecimiento marítimo colombiano. La inversión en ciencias del mar, innovación tecnológica y cooperación científica internacional no solo favorece la protección ambiental, sino que también impulsa el crecimiento de la economía marítima, la industria naval y la formulación de políticas públicas basadas en evidencia científica. En este contexto, la participación de Colombia en expediciones científicas a la Antártida refleja el compromiso del país con el fortalecimiento de sus capacidades de investigación y con la consolidación de alianzas internacionales orientadas al intercambio de conocimiento y al desarrollo tecnológico.
Marco Normativo
Desde el punto de vista jurídico, el marco normativo marítimo colombiano se encuentra sustentado principalmente en decretos y reglamentos administrativos, más que en un código marítimo unificado. Entre ellos destaca el Decreto Ley 2324 de 1984, siendo este el eje de la Autoridad marítima nacional. Esta norma reorganizó la Dirección General Marítima, definió su estructura orgánica, estableció sus funciones, precisó el concepto de actividad marítima y creó los procedimientos mediante los cuales la Autoridad Marítima ejerce el control administrativo sobre las actividades desarrolladas en los espacios marítimos colombianos.
Con el paso del tiempo, este marco jurídico ha sido complementado mediante diversas resoluciones técnicas expedidas por DIMAR, actualmente compiladas en el Reglamento Marítimo Colombiano (REMAC). Este cuerpo normativo reúne disposiciones relacionadas con definiciones marítimas, estructura institucional, gente de mar, empresas marítimas, actividades marítimas, protección del medio marino, seguros, tarifas, asuntos jurisdiccionales y otras materias especializadas, constituyendo un sistema regulatorio integral para la administración del sector marítimo nacional.
Adicionalmente, el Código de Comercio colombiano desempeña un papel fundamental en la regulación de las actividades marítimas de carácter privado, estableciendo las normas aplicables a los buques, su matrícula, propiedad, nacionalidad, navegación comercial y las competencias que corresponden a la Autoridad Marítima en materia mercante.
A cuatro años de 2030
Esta diversidad de políticas y marcos legales reflejan como Colombia ha construido una base institucional y jurídica sólida para el desarrollo de su gobernanza marítima mediante la articulación de políticas públicas, instituciones especializadas y un marco regulatorio en constante evolución. No obstante, aún se debe considerar que carecemos de elementos importantes como por ejemplo un Código marítimo, qué, dicho sea, está en proceso, o el análisis de la adopción de otras figuras útiles para la uniformidad marítima a nivel internacional como podrían ser tribunales marítimos especializados, lo cual ya sería materia de otra discusión.
Las políticas actuales nos sirven como hoja de ruta, pero incluso estas no se ven plasmadas en los planes de desarrollo de los últimos gobiernos por lo que su apropiada aplicación será la clave para ese desarrollo marítimo que se concibió como meta en el año 2030 y que hoy en día se ve lejana, contemplando múltiples desafíos por superar.
